Programa de acciones de TÚNEZ para la sociedad de la informacion

INTRODUCCIÓN
1. Reconocemos que ha llegado el momento de pasar a la acción, considerando los trabajos que ya se han hecho para aplicar el Plan de Acción de Ginebra e identificar las esferas en las que se han logrado avances, se están logrando avances o aún no se han logrado avances.
2. Reafirmamos los compromisos adquiridos en Ginebra y nos basamos en ellos en Túnez centrándonos en los mecanismos de financiación destinados a reducir la brecha digital, en el gobierno de Internet y en cuestiones conexas, así como en la aplicación y el seguimiento de las decisiones tomadas en Ginebra y Túnez.
Mecanismos de financiación para hacer frente a las dificultades que plantea la utilización de las TIC en favor del desarrollo.

3. Agradecemos al Secretario General de las Naciones Unidas haber creado el Grupo Especial sobre Mecanismos de Financiación (TFFM) y felicitamos a los miembros de este Grupo por su Informe.
4. Recordamos que el mandato del TFFM consistía en revisar detalladamente la adecuación de los mecanismos de financiación existentes para responder a los desafíos planteados por la utilización de las TIC para el desarrollo.
5. En el Informe del TFFM se pone de relieve la complejidad de los mecanismos en vigor, tanto públicos como privados, para la financiación de las TIC en los países en desarrollo. En éste se identifican los ámbitos en los cuales dichos mecanismos podrían mejorarse y aquellas esferas en las que los países en desarrollo y sus asociados para el desarrollo podrían asignar mayor prioridad a las TIC.
6. Sobre la base de las conclusiones resultantes del análisis del Informe, hemos considerado las posibles mejoras e innovaciones de los mecanismos financieros, incluida la creación de un Fondo de Solidaridad Digital, según se menciona en la Declaración de Principios de Ginebra.
7. Reconocemos la existencia de la brecha digital y los desafíos que ésta plantea para muchos países, que se ven forzados a elegir entre un gran número de objetivos en su planificación de desarrollo y en las solicitudes de fondos en favor del desarrollo, pese a disponer de recursos limitados.
8. Reconocemos la magnitud del problema vinculado a la reducción de la brecha digital, que necesitará durante muchos años inversiones adecuadas y duraderas en la infraestructura y los servicios de las TIC, así como en el fomento de capacidades y la transferencia de tecnología.
9. Hacemos un llamamiento a la comunidad internacional para que se fomente la transferencia de tecnología en condiciones que serán acordadas de concierto, incluidas las TIC, para que se adopten políticas y programas que permitan a los países en desarrollo poner la tecnología al servicio del desarrollo, entre otras cosas mediante la cooperación técnica y la creación de capacidades científicas y tecnológicas para colmar la brecha digital y del desarrollo.
10. Reconocemos que las metas y los objetivos de desarrollo acordados en foros internacionales, como son los Objetivos de Desarrollo del Milenio, son fundamentales. El Consenso de Monterrey sobre la financiación a favor del desarrollo es la base para el establecimiento de mecanismos financieros adecuados para fomentar la utilización de las TIC como herramienta del desarrollo, de conformidad con la estructura del Programa de Solidaridad Digital contenido en el Plan de Acción de Ginebra.
11. Reconocemos las necesidades de financiación particulares y específicas del mundo en desarrollo, como se indica en el párrafo 16 de la Declaración de Principios* de Ginebra, mundo que tiene ante sí numerosos desafíos en el sector de las TIC, así como la acuciante necesidad de atender sus necesidades especiales de financiación para lograr las metas y los objetivos de desarrollo acordados en foros internacionales, como son los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
12. Coincidimos en que la financiación de las TIC para el desarrollo debe situarse en el contexto de la importancia creciente de la función de las TIC, no sólo como medio de comunicación sino también como factor habilitador de desarrollo y como instrumento para conseguir las metas y los objetivos de desarrollo acordados en foros internacionales, como son los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
13. En el pasado, la financiación de las TIC en la mayoría de los países en desarrollo se ha basado en la inversión pública. Recientemente ha aumentado la inversión de forma considerable en los lugares donde se alentó la participación del sector privado, gracias a un marco de reglamentación sólido, y donde comenzaron a aplicarse políticas públicas encaminadas a reducir la brecha digital.
14. Somos muy optimistas porque los avances de la tecnología de las comunicaciones y las redes de datos a gran velocidad aumentan constantemente las oportunidades de los países en desarrollo y las economías en transición de participar en el mercado mundial de los servicios posibilitados por las TIC sobre la base de su ventaja comparativa. Estas oportunidades incipientes son un intenso estímulo comercial para la inversión en infraestructuras TIC en esos países. Por lo tanto, en el marco de políticas de desarrollo nacionales, los gobiernos deben adoptar medidas para favorecer un entorno habilitador y competitivo propicio a las inversiones necesarias en infraestructuras TIC y al desarrollo de nuevos servicios. Al mismo tiempo, ningún país debe adoptar medida o política alguna que pueda desalentar, obstaculizar o impedir la participación de esos países en el mercado mundial de los servicios posibilitados por las TIC.
15. Tomamos nota de las numerosas dificultades que supone aumentar el alcance de los contenidos de información útiles y accesibles en los países en desarrollo, en particular, la necesidad de reconsiderar atentamente la cuestión de la financiación de diversas formas de contenidos y aplicaciones, ya que a menudo este ámbito se ha dejado de lado a causa de la atención consagrada a la infraestructura TIC.
16. Reconocemos que la captación de inversiones en el ámbito de las TIC ha dependido fundamentalmente de un entorno habilitador, en particular un gobierno eficaz a todos los niveles, y de un marco de política y reglamentación propicio, transparente y favorable a la competencia, que refleje las realidades nacionales.
17. Ponemos nuestro empeño en iniciar un diálogo con espíritu de iniciativa en lo referente a la responsabilidad social de las empresas, al buen gobierno de empresas transnacionales y a su contribución al desarrollo económico y social de los países en desarrollo, sumándose a nuestras acciones para colmar la brecha digital.
18. Ponemos de relieve que las fuerzas de mercado por sí solas no pueden garantizar la plena participación de los países en desarrollo en el mercado global de los servicios que permiten ofrecer las TIC. Por lo tanto, instamos a que se fortalezca la solidaridad y la cooperación internacional con el fin de capacitar a todos los países, en particular los países que se mencionan en el párrafo 16 de la Declaración de Principios de Ginebra, a desarrollar una infraestructura TIC y fomentar los servicios TIC que sean viables y competitivos a escala nacional e internacional.
19. Reconocemos que, además del sector público, la financiación de infraestructura TIC por el sector privado ha desempeñado un papel esencial en mucho países y que la financiación nacional está aumentando gracias a los flujos Norte-Sur y la cooperación Sur-Sur.
20. Reconocemos que, como resultado del creciente impacto de la inversión sostenible del sector privado en infraestructura, los donantes públicos, tanto multilaterales como bilaterales, están reasignando recursos públicos a otros objetivos de desarrollo, en particular preparar documentos sobre estrategias de erradicación de la pobreza y programas conexos, realizar reformas y encauzar políticas en materia de TIC y creación de capacidades. Alentamos a todos los gobiernos a que concedan a las TIC la prioridad que merecen en sus estrategias de desarrollo nacionales, incluidas las TIC tradicionales como la radiodifusión y la televisión. Asimismo alentamos a las instituciones multilaterales y a los donantes públicos bilaterales a considerar también la posibilidad de proporcionar mayor apoyo financiero para los proyectos regionales y nacionales en gran escala de infraestructura TIC y actividades conexas tendientes a la creación de capacidades. Éstos deberían considerar la posibilidad de que sus estrategias de ayuda y asociación sean conformes con las prioridades fijadas por los países en desarrollo y los países con economías en transición en sus estrategias nacionales de desarrollo, incluidas, sus estrategias para reducir la pobreza.
21. Reconocemos que la financiación pública es esencial para facilitar el acceso a las TIC y la prestación de servicios conexos a las zonas rurales y las poblaciones desfavorecidas, incluidos los pequeños estados insulares en desarrollo y los países sin litoral en desarrollo.
22. Señalamos que la creación de capacidades en materia de TIC es de gran prioridad en todos los países en desarrollo y que los actuales niveles de financiación no han sido suficientes para satisfacer esta necesidad, aunque tengan muchos mecanismos de financiación diferentes destinados a las TIC en favor del desarrollo.
23. Reconocemos que hay una necesidad de mayor financiación en varios campos, que no han sido atendidos como se debería en las actuales políticas de financiación de las TIC para el desarrollo. Se trata, entre otros, de los siguientes:
a) programas de creación de capacidades, materiales didácticos, instrumentos, iniciativas de financiación de la enseñanza y de capacitación especializada, en lo que atañe a las TIC, especialmente en el caso de los reguladores y de otros empleados y organismos del sector público;
b) acceso a las comunicaciones y conectividad para servicios y aplicaciones TIC en zonas rurales apartadas, pequeños Estados insulares en desarrollo, países sin litoral en desarrollo y otros puntos geográficos con problemas tecnológicos y comerciales particulares;
c) infraestructura central regional, redes regionales, puntos de acceso a la red y proyectos regionales conexos, para la conexión transfronteriza de redes y en regiones económicamente desfavorecidas que pueden necesitar políticas coordinadas, en particular marcos jurídicos normativos y financieros, así como capital seminal, y beneficiarían de la divulgación de experiencias y prácticas idóneas;
d) capacidad de banda ancha para facilitar el suministro de una gama más amplia de servicios y aplicaciones, promover la inversión y proporcionar acceso a Internet a precios asequibles a usuarios nuevos y existentes;
e) asistencia coordinada, si procede, a los países mencionados en el párrafo 16 de la Declaración de Principios de Ginebra, especialmente a los pequeños Estados insulares en desarrollo y Estados sin litoral en desarrollo, a fin de mejorar la eficacia y reducir los costos de las transacciones relacionadas con el suministro de apoyo por donantes internacionales;
f) aplicaciones TIC y contenidos destinados a la integración de las TIC en la implementación de estrategias de erradicación de la pobreza y programas de desarrollo sectorial, especialmente en materia de sanidad y enseñanza, agricultura y medio ambiente;
Además, cabe tener en cuenta estos otros asuntos que revisten importancia para las TIC en favor del desarrollo y a los que se ha prestado la atención suficiente:
g) sostenibilidad de proyectos relacionados con la sociedad de la información, por ejemplo el mantenimiento de la infraestructura TIC;
h) necesidades particulares de las pequeñas, medianas y microempresas (PMYME), tales como la financiación;
i) desarrollo y fabricación locales de aplicaciones y tecnologías TIC por países en desarrollo;
j) actividades sobre reforma institucional relacionada con las TIC y aumento de la capacidad relacionada con el marco jurídico y normativo;
k) mejora de las estructura organizativas y cambio de los métodos comerciales para optimizar el impacto y la eficacia de los proyectos TIC y proyectos con un componente TIC significativo;
l) iniciativas comunitarias y de los poderes públicos locales, destinadas a proporcionar servicios TIC a comunidades en materia de enseñanza, sanidad, mejora de los medios de vida, etc.
24. Reconociendo que la responsabilidad primordial de coordinar los programas de financiación pública y las iniciativas públicas de desarrollo de TIC recae sobre los gobiernos, recomendamos que los donantes y beneficiarios lleven a cabo una mayor coordinación transectorial e interinstitucional en el marco nacional.
25. Los bancos e instituciones de financiación multilaterales deben considerar la posibilidad de adaptar sus mecanismos existentes y, si procede, crear nuevos mecanismos para atender a la demanda nacional y regional de desarrollo de TIC.
26. Reconocemos los siguientes requisitos esenciales para lograr un acceso equitativo y universal a los mecanismos de financiación y la mejor utilización de éstos:
a) establecer políticas e incentivos en materia de reglamentación destinados a facilitar el acceso universal y reactivar la inversión del sector privado;
b) definir y reconocer el papel fundamental de las TIC en las estrategias nacionales de desarrollo y en su elaboración, según proceda, junto con ciberestrategias;
c) desarrollar capacidades institucionales y de ejecución para facilitar la utilización de los fondos nacionales de servicio/acceso universal y estudiar más a fondo esos mecanismos, así como los destinados a movilizar recursos internos;
d) fomentar la compilación de informaciones pertinentes a escala local, así como el desarrollo de aplicaciones y servicios que redunden en beneficio de los países en desarrollo y los países con economías en transición;
e) apoyar la “ampliación” de los programas experimentales basados en las TIC que hayan arrojado resultados satisfactorios;
f) promover la utilización de las TIC en el ámbito gubernamental como primera prioridad, considerándola como una esfera esencial para las intervenciones favorables al desarrollo basadas en las TIC;
g) reforzar los recursos humanos y las capacidades institucionales (conocimiento) a todo nivel para conseguir los objetivos de la sociedad de la información, especialmente en el sector público;
h) alentar a las empresas del sector privado a que contribuyan a extender la demanda de servicios TIC, prestando apoyo a las industrias creativas, los productores locales de contenido y aplicaciones culturales, así como a las pequeñas empresas;
i) reforzar las capacidades para fomentar la captación de fondos y su utilización eficaz.
27. Recomendamos las siguientes mejoras e innovaciones en los mecanismos financieros en vigor:
a) perfeccionar los mecanismos de financiación para que los recursos financieros sean adecuados, más predecibles, sostenibles y preferentemente no destinados a una finalidad específica;
b) mejorar la cooperación regional y crear asociaciones entre numerosas partes interesadas, en particular, generando incentivos para construcción de infraestructura de redes troncales regionales;
c) proporcionar un acceso asequible a las TIC, aplicando para ello las siguientes medidas:
i) reducir los costos de interconexión a Internet que imponen los proveedores de red dorsal, y apoyar, entre otras cosas, la creación y desarrollo de centrales Internet y redes troncales de TIC regionales con objeto de reducir los costos de interconexión y ampliar el acceso a la red;
ii) alentar a la UIT a que siga estudiando, con carácter urgente, el tema de la Conectividad de Internet Internacional (CII) y elabore las correspondientes Recomendaciones;
d) coordinar los programas entre los gobiernos y los principales agentes de financiación para reducir los riesgos de las inversiones y los costos de transacción de los operadores que ofrezcan sus servicios en segmentos de mercado menos atractivos tales como las zonas rurales y de bajos ingresos;
e) contribuir a acelerar el desarrollo de instrumentos financieros nacionales, favoreciendo en especial los sistemas de microfinanciación locales, las incubadoras de empresas de TIC, los planes de crédito público, los mecanismos de adjudicación inversa, las iniciativas de interconexión basadas en comunidades locales, la solidaridad regional y otras innovaciones;
f) facilitar el acceso a los medios de financiación para acelerar el ritmo de financiación de la infraestructura y los servicios de las TIC, incluyendo por igual el estímulo de flujos Norte Sur y la cooperación Sur-Sur;
g) las organizaciones multilaterales, regionales y bilaterales que trabajan para el desarrollo deberían estudiar si es oportuno crear un foro virtual para que las partes interesadas puedan compartir información sobre posibles proyectos, fuentes de financiación o mecanismos de financiación institucional;
h) dar a los países en desarrollo la posibilidad de generar cada vez más capital para las TIC y crear instrumentos de financiación adaptados a sus economías, incluyendo fondos fiduciarios y capital generador de inversiones;
i) instar a todos los países a desplegar esfuerzos concretos para cumplir los compromisos que contrajeron en el marco del Consenso de Monterrey;
j) las organizaciones multilaterales, regionales y bilaterales que trabajan para el desarrollo deberían estudiar formas de colaboración para mejorar su capacidad de ayudar rápidamente a los países en desarrollo que requieran asistencia para las políticas de las TIC;
k) fomentar un aumento de las contribuciones voluntarias;
l) utilizar eficazmente, en su caso, los mecanismos de alivio de la deuda indicados en el Plan de Acción de Ginebra, entre los que puede citarse la cancelación de la deuda o la conversión de ésta, mecanismos que podrían emplearse para financiar proyectos de TIC en favor del desarrollo, incluidos los que figuren en el marco de estrategias de erradicación de la pobreza.
28. Acogemos complacidos el Fondo de Solidaridad Digital (FSD) creado en Ginebra, mecanismo financiero innovador y de naturaleza voluntaria, al que pueden contribuir voluntariamente todas las partes interesadas, que tiene por objeto transformar la brecha digital en oportunidades digitales para el mundo en desarrollo, centrándose en las necesidades concretas y urgentes que se suscitan en el plano local y buscando nuevas fuentes voluntarias de financiación de “solidaridad”. El Fondo se sumará a los mecanismos de financiación de la sociedad de la información existentes, mecanismos que deberían seguirse utilizando plenamente para financiar el crecimiento de nueva infraestructura y servicios TIC.
GOBIERNO DE INTERNET
29. Reafirmamos los principios enunciados en la fase de Ginebra de la CMSI en diciembre de 2003, en el sentido de que la Internet se ha convertido en un recurso mundial disponible para el público y su gobierno debe constituir un elemento esencial del orden del día de la sociedad de la información. La gestión internacional de la Internet debería ser multilateral, transparente y democrática, y hacerse con la plena participación de los gobiernos, el sector privado, la sociedad civil y las organizaciones internacionales. Esta gestión debería garantizar una distribución equitativa de los recursos, facilitar el acceso de todos y garantizar un funcionamiento estable y seguro de la Internet, tomando en consideración el multilingüismo.
30. Reconocemos que la Internet, elemento capital de la infraestructura de la sociedad de la información, ha pasado de ser un servicio de investigación y académico para convertirse en un recurso mundial disponible para el público.
31. Reconocemos que el gobierno de Internet, llevado a cabo con arreglo a los Principios de Ginebra, es un elemento esencial de una sociedad de la información centrada en la persona, incluyente, orientada al desarrollo y no discriminatoria. Además, nos comprometemos a garantizar la estabilidad y la seguridad de la Internet y velar por la legitimidad que requiere su gobierno, sobre la base de una plena participación de todas las partes interesadas, tanto de los países desarrollados como en desarrollo, en el ejercicio de sus respectivas funciones y responsabilidades.
32. Damos las gracias al Secretario General de las Naciones Unidas por haber establecido el Grupo de Trabajo sobre el Gobierno de Internet (WGIG). Encomiamos el trabajo y el Informe del Presidente, los miembros y la Secretaría de este Grupo.
33. Tomamos nota de que el Informe del WGIG ha permitido llegar a una definición de trabajo del Gobierno de Internet y ha ayudado a identificar una serie de aspectos de la política pública que tienen que ver con el gobierno de Internet. Por otra parte, el Informe ha mejorado nuestro entendimiento de las funciones y responsabilidades respectivas de los gobiernos, las organizaciones intergubernamentales e internacionales y otros foros, así como del sector privado y la sociedad civil de los países en desarrollo y desarrollados.
34. Una definición de trabajo del Gobierno de Internet es la preparación y aplicación por parte de los gobiernos, el sector privado y la sociedad civil, en el desempeño de sus respectivas funciones, de principios, normas, reglas, procedimientos de toma de decisiones y programas comunes que dan forma a la evolución y a la utilización de la Internet.
35. Reafirmamos que la gestión de Internet abarca cuestiones de política tanto técnica como pública y que en ella deberían participar todas las partes interesadas y las organizaciones intergubernamentales e internacionales competentes. En ese sentido, se reconoce que:
a) La designación del organismo encargado de las cuestiones de política pública de Internet incumbe a cada Estado. Los Estados tienen derechos y responsabilidades en lo que concierne a las cuestiones de política pública que suscita la Internet en el plano internacional.
b) El sector privado tiene y tendrá un importante papel que desempeñar en cuanto al desarrollo de la Internet tanto en el campo técnico como en el económico.
c) La sociedad civil tiene también un importante papel que desempeñar en lo que concierne a los asuntos relacionados con Internet, especialmente a nivel comunitario, y debería seguir desempeñando dicho cometido.
d) Las organizaciones intergubernamentales han desempeñado y deberían seguir desempeñando un papel facilitador en lo que concierne a la coordinación de las cuestiones de política pública que tienen que ver con la Internet.
e) Las organizaciones internacionales han desempeñado y deberían seguir desempeñando un importante cometido en lo que respecta al desarrollo de las normas técnicas y las políticas referentes a la Internet.
36. Reconocemos la valiosa contribución de las comunidades académica y técnica, en los grupos de partes interesadas mencionados en el párrafo 35, a la evolución, funcionamiento y desarrollo de la Internet.
37. Intentamos mejorar la coordinación de las actividades de las organizaciones internacionales e intergubernamentales, así como de otras instituciones interesadas en el gobierno de Internet, así como el intercambio de información entre estas entidades. En lo posible, habría que adoptar a todos los niveles un enfoque multipartito.
38. Instamos a que se fortalezcan las instituciones regionales especializadas en la gestión de recursos de Internet para garantizar el derecho de cada región a gestionar sus propios recursos, sin dejar de mantener la coordinación mundial en este ámbito.
39. Pretendemos crear seguridad en la utilización de las TIC fortaleciendo el marco de confianza. Reafirmamos la necesidad de continuar promoviendo, desarrollando y aplicando en colaboración con todas las partes interesadas una cultura mundial de ciberseguridad, como se indica en la Resolución 57/239 de la Asamblea General de las Naciones Unidas y en otros marcos regionales pertinentes. Esta cultura requiere acción nacional y un incremento de la cooperación internacional para fortalecer la seguridad mejorando al mismo tiempo la protección de la información, privacidad y datos personales. El desarrollo continuo de la cultura de ciberseguridad debe mejorar el acceso y el comercio y debe tener en cuenta el nivel de desarrollo social y económico de cada país sin perjuicio del respeto a los aspectos inherentes al desarrollo de la sociedad de la información.
40. Destacamos la importancia de luchar contra el cibercrimen, incluido aquél cometido en una jurisdicción pero que repercute en otra. Destacamos además la necesidad de concebir instrumentos eficaces y mecanismos eficientes, a nivel nacional e internacional, para promover la cooperación internacional entre los organismos encargados de aplicar la ley en materia de ciberdelito. Instamos a los gobiernos a que, en cooperación con otras partes interesadas, promulguen leyes que hagan posible la investigación y enjuiciamiento del cibercrimen, respetando los marcos vigentes, entre otros, las Resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas 55/63 y 56/121 sobre la “Lucha contra la utilización de la tecnología de la información con fines delictivos” y el Convenio sobre el Delito Cibernético del Consejo de Europa.
41. Estamos decididos a hacer frente eficazmente al problema cada vez más importante que plantea el correo basura. Tomamos nota de los actuales marcos multilaterales de cooperación regional e internacional de las distintas partes interesadas en materia de correo basura, por ejemplo, la Estrategia contra el Correo Basura del APEC, el Plan de Acción de Londres, el Memorándum de Entendimiento de Seúl Melbourne contra el Correo Basura, así como las actividades que realizan en este ámbito la OCDE y la UIT. Exhortamos a todas las partes interesadas a que adopten un enfoque multidimensional para contrarrestar el correo basura, en el que se incluya, entre otras medidas, la educación del consumidor y de las empresas; el establecimiento de una legislación adecuada, así como de los organismos y mecanismos encargados de aplicar esas leyes; el perfeccionamiento permanente de las medidas técnicas y autorreguladoras; las prácticas idóneas; y la cooperación internacional.
42. Reafirmamos nuestro compromiso en el sentido de otorgar plena libertad a la búsqueda, recepción, difusión y utilización de información, en particular, para la creación, acumulación y distribución del conocimiento. Afirmamos que las medidas tomadas para asegurar la estabilidad y seguridad de Internet, combatir la ciberdelincuencia y contrarrestar el correo basura deben proteger y respetar las disposiciones en cuanto a privacidad y libertad de expresión contenidas en las partes pertinentes de la Declaración Universal de Derechos Humanos y en la Declaración de Principios de la CMSI.
43. Reiteramos nuestro compromiso con los usos positivos de Internet y otras TIC, así como con la adopción de las acciones pertinentes y las medidas preventivas que se prevén en la legislación contra los usos abusivos de las TIC mencionados en el Capítulo sobre las Dimensiones Éticas de la Sociedad de la Información de la Declaración de Principios y del Plan de Acción de Ginebra.
44. Asimismo, subrayamos la importancia de combatir el terrorismo, en todas sus formas y manifestaciones, en Internet, respetando los derechos humanos y en consonancia con las obligaciones contraídas en virtud del derecho internacional, según se indica en la Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas A/60/L.1, donde se hace referencia al Artículo 85 del Documento Final de la Cumbre Mundial 2005.
45. Subrayamos la importancia de la seguridad, la continuidad y la estabilidad de Internet, así como la necesidad de proteger Internet y otras redes TIC de las amenazas que atentan contra su vulnerabilidad. Afirmamos la necesidad de llegar a un entendimiento común sobre los asuntos relativos a la seguridad en Internet, así como de ampliar la cooperación para facilitar el alcance, la recopilación y la difusión de la información relativa a la seguridad en Internet, e intercambiar las prácticas idóneas entre todas las partes interesadas sobre las medidas para combatir las amenazas contra la seguridad, a nivel nacional e internacional.
46. Exhortamos a todas las partes interesadas a que garanticen el respeto por la privacidad y la protección de los datos e informaciones personales, ya sea mediante la adopción de medidas legislativas y la aplicación de marcos de cooperación, o bien mediante el intercambio entre las empresas y los usuarios de las prácticas idóneas, los mecanismos de autorregulación o las medidas tecnológicas pertinentes. Instamos a todas las partes interesadas, en particular a los gobiernos, a que reafirmen el derecho de acceso a la información por los particulares, en virtud de la Declaración de Principios de Ginebra, así como de otros instrumentos internacionales en esta materia convenidos de mutuo acuerdo, y a que establezcan la coordinación adecuada a escala internacional.
47. Reconocemos el creciente volumen y valor de todas las actividades de comercio electrónico, tanto en el interior de los países como a través de las fronteras nacionales. Solicitamos la elaboración de leyes y prácticas nacionales de protección del consumidor y el establecimiento de mecanismos para su aplicación, cuando sea necesario, a fin de proteger los derechos de dichos consumidores que adquieran mercancías y servicios en línea y apoyamos una mejora de la cooperación internacional para facilitar una mayor expansión, de forma no discriminatoria y bajo las leyes nacionales aplicables, del comercio electrónico así como de la confianza del consumidor en el mismo.
48. Notamos con satisfacción la utilización cada vez mayor de las TIC por parte de las administraciones para dar servicio a los ciudadanos y alentamos a los países que aún no lo han hecho a que elaboren programas nacionales y estrategias para el gobierno-e.
49. Reafirmamos nuestro compromiso de convertir la brecha digital en una oportunidad digital y asegurar un desarrollo armonioso y equitativo para todos. Nos comprometemos a fomentar y ofrecer orientación sobre las áreas de desarrollo consignadas en los acuerdos generales sobre gobierno de Internet, y a incluir, entre otras cuestiones, los costes de interconexión internacional, la creación de capacidades y la transferencia de conocimientos técnicos y tecnologías. Alentamos la introducción del plurilingüismo en el marco de desarrollo de Internet, y apoyamos el perfeccionamiento de programas informáticos que se presten fácilmente a la localización, y que permitan al usuario escoger las soluciones adecuadas entre los distintos modelos de programas informáticos, ya sean éstos de fuente abierta, gratuitos o patentados.
50. Reconocemos que es motivo de inquietud, especialmente para los países en desarrollo, la mejora del equilibrio de los costes de interconexión internacional a Internet para ampliar el acceso a la red. Así pues, exhortamos a formular estrategias para hacer cada vez más asequible la interconexión mundial, con miras a facilitar un acceso más equitativo y eficaz para todos:
a) fomentando unos costes de tránsito e interconexión de Internet, que se negocien comercialmente en un entorno competitivo y que estén orientados hacia parámetros objetivos, transparentes y no discriminatorios, sin olvidar la labor que ya se está realizando en este ámbito;
b) estableciendo redes troncales regionales de Internet a alta velocidad y creando puntos de intercambio Internet (IXP) nacionales, regionales y subregionales;
c) recomendando a los programas de donantes y a los organismos de financiación del desarrollo que consideren la necesidad de financiar las iniciativas encaminadas a mejorar la conectividad, los IXP y el contenido local para los países en desarrollo;
d) alentando a la UIT a que continúe con carácter urgente el estudio de la conectividad Internet internacional y proporcione periódicamente informes para su examen y posible aplicación, así como a otras instituciones pertinentes a que aborden esta cuestión;
e) estimulando el desarrollo y el incremento del número de equipos terminales de bajo coste, como son los ordenadores individuales y colectivos, especialmente para su utilización en los países en desarrollo;
f) alentando a los proveedores de servicios Internet y a otras partes interesadas en las negociaciones comerciales a que adopten prácticas para fijar unos costes justos y equilibrados de interconexión.
g) alentando a las partes pertinentes a que negocien comercialmente costes de interconexión reducidos para los PMA teniendo en cuenta las limitaciones especiales de los PMA.
51. Exhortamos a los gobiernos y a otras partes interesadas a que fomenten, mediante la creación de asociaciones cuando sea necesario, la educación y la formación en las TIC en los países en desarrollo, mediante la aplicación de estrategias nacionales para la integración de las TIC en la educación y en el desarrollo de la mano de obra, aportando para ello los recursos necesarios. Por otro lado, se debería ampliar la cooperación internacional, a título voluntario, con miras al fortalecimiento de las capacidades en áreas relacionadas con el gobierno de Internet. Ello podría incluir, especialmente, la construcción de centros especializados y de otras instituciones para facilitar la transferencia de conocimientos técnicos y el intercambio de prácticas idóneas, con el fin de aumentar la participación de los países en desarrollo y de todas las partes interesadas en los mecanismos de gobierno de Internet.
52. Con el fin de garantizar la participación efectiva de todos los países del mundo en el gobierno de Internet, instamos a las organizaciones internacionales, incluidas las organizaciones intergubernamentales, según proceda, a velar por que todas las partes interesadas, especialmente las de los países en desarrollo, tengan oportunidad de participar en la adopción de decisiones políticas sobre gobierno de Internet y promuevan y soporten dicha participación.
53. Nos comprometemos a trabajar activamente para lograr el multilingüismo en Internet, como parte de un proceso multilateral, transparente y democrático en el que intervengan los gobiernos y todas las partes interesadas, en sus respectivos papeles. En este contexto, también apoyamos el desarrollo, la traducción y la adaptación del contenido local, los archivos digitales y las diversas formas de medios digitales y tradicionales, y reconocemos asimismo que estas actividades también pueden fortalecer a las comunidades locales e indígenas. Por consiguiente, destacamos la necesidad de:
a) Impulsar el proceso de la introducción del multilingüismo en un cierto número de áreas, incluidas los nombres de dominio, las direcciones de correo electrónico y la búsqueda de palabras clave.
b) Aplicar programas que permitan la presencia de nombres de dominio y contenido multilingüe en Internet y la utilización de varios modelos de software para combatir la brecha digital lingüística y asegurar la participación de todos en la nueva sociedad emergente.
c) Fortalecer la colaboración entre los organismos pertinentes para seguir desarrollando las normas técnicas e impulsar su instalación a escala mundial.
54. Reconocemos que un entorno propicio, a nivel nacional e internacional, que apoye la inversión directa extranjera, la transferencia de tecnología y la cooperación internacional, especialmente en el ámbito de la deuda financiera y del comercio, es esencial para el desarrollo de la sociedad de la información, incluido el desarrollo y difusión de Internet y su uso óptimo. En particular, el papel que desempeñan el sector privado y la sociedad civil es esencial como motor de la innovación y la inversión privada en el desarrollo de Internet. Tanto en los países en desarrollo como en los desarrollados, la red adquiere valor añadido cuando el marco político internacional y nacional fomenta la inversión y la innovación.
55 Reconocemos que a través de los mecanismos vigentes para el Gobierno de Internet se ha logrado convertir a Internet en el marco sólido, dinámico y de gran cobertura geográfica que es hoy en día, marco donde el sector privado dirige las actividades cotidianas y en cuya periferia se innova y se crea valor.
56 Internet sigue siendo un medio altamente dinámico y por tanto las estructuras que se diseñan en relación con el Gobierno de Internet deben estar en condiciones de responder a crecimiento exponencial y a la rápida evolución de Internet como plataforma común para la creación de aplicaciones múltiples.
57 Se debe preservar la seguridad y estabilidad de Internet.
58 Reconocemos que el Gobierno de Internet supone más que la atribución de nombres y direcciones de Internet. Incluye otros aspectos importantes de políticas públicas como el de los recursos críticos de Internet, la seguridad y protección de Internet y los aspectos y cuestiones de desarrollo relativos a la utilización de Internet.
59 Reconocemos que el Gobierno de Internet incluye temas sociales, económicos y técnicos, incluida la asequibilidad, la fiabilidad y la calidad de servicio.
60 Reconocemos además que hay muchas políticas públicas internacionales de alcance plural que no encuentran una respuesta adecuada en los actuales mecanismos de Internet y que requieren atención.
61 Estamos convencidos que es necesario iniciar y reforzar, de la forma adecuada, un proceso transparente, democrático y multilateral con la participación de los gobiernos, el sector privado, la sociedad civil y las organizaciones internacionales en sus cometidos respectivos. Este proceso debe prever la creación de un marco o mecanismos adecuados, cuando sea justificado, que impulse una relación continua y activa de las actuales disposiciones para lograr la sinergia de los esfuerzos al respecto.
62 Hacemos ver que toda solución de Gobierno de Internet debe ser completa y debe continuar promoviendo la creación de un entorno para la innovación, la competencia y la inversión.
63 Los países no deben intervenir en las decisiones relativas a los nombres de dominio de nivel superior según el indicativo de país (ccTLD) de otros países. Habría que definir tanto mecanismos como un nuevo marco flexible y más eficaz para respetar, apoyar y resolver sus intereses legítimos en lo que concierne a las decisiones expresadas y definidas por cada país, de diversas formas, sobre sus ccTLD.
64 Reconocemos que es necesario desarrollar y fortalecer la cooperación entre las partes interesadas de las políticas públicas en los nombres de dominio de nivel superior genéricos (gTLD).
65 Subrayamos la necesidad de potenciar la participación de los países en desarrollo tanto en las decisiones relativas al Gobierno de Internet, que deben reflejar sus intereses, como en el desarrollo y creación de capacidad.
66 Teniendo en cuenta la continua internacionalización de Internet y el principio de universalidad, acordamos aplicar los Principios de Ginebra relativos al Gobierno de Internet.
67 Acordamos, entre otras cosas, invitar al Secretario General de las Naciones Unidas a convocar un nuevo foro para el diálogo sobre políticas de las múltiples partes interesadas.
68 Reconocemos que todos los gobiernos deben tener un igual cometido y responsabilidad para el Gobierno de Internet y garantizar la estabilidad, seguridad y continuidad de Internet. También reconocemos la necesidad de desarrollar la política pública por los gobiernos, en consulta con todas las partes interesadas.
69 Reconocemos además que en el futuro será necesaria una mayor cooperación que permita a las administraciones públicas, todas en las mismas condiciones, cumplir con su misión y responsabilidades en cuestiones de políticas públicas internacionales relativas a Internet, pero no en los asuntos técnicos y operacionales de explotación normal, que no repercuten en temas de política pública internacional.
70 Mediante las organizaciones internacionales pertinentes, tal cooperación debe incluir el desarrollo de principios aplicables, a escala mundial, en temas de política pública asociados con la coordinación y gestión de los recursos críticos de Internet. A este respecto, solicitamos que las organizaciones responsables realicen las tareas esenciales asociadas a Internet para contribuir a la creación de un entorno que facilite este desarrollo de los principios de política pública.
71 El proceso de incremento de la cooperación, que debe iniciar el Secretario General de las Naciones Unidas, y en el que deben intervenir todas las organizaciones pertinentes a finales del primer trimestre de 2006, implicará a todas las partes interesadas en sus respectivos cometidos, se realizará lo más rápidamente posible teniendo siempre en cuenta los procedimientos legales y deberá tener en cuenta las innovaciones. Las organizaciones pertinentes deben comenzar un proceso para fomentar la cooperación en el que intervengan todas las partes interesadas actuando con la mayor rapidez posible y respondiendo de manera flexible a las innovaciones. Deberá solicitarse a esas mismas organizaciones pertinentes que elaboren un Informe anual de actividades.
72 Solicitamos al Secretario General de las Naciones Unidas, en un proceso abierto y completo, que convoque, para el segundo trimestre de 2006, una reunión del nuevo foro para diálogo sobre políticas de las múltiples partes interesadas (Foro para el Gobierno de Internet IGF), con mandato para:
a) debatir temas de políticas públicas relativos a los elementos claves del Gobierno de Internet, con el objetivo de contribuir a la sostenibilidad, la solidez, la seguridad y la estabilidad de Internet;
b) facilitar el diálogo entre organismos que se ocupan de políticas públicas internacionales de alcance plural y que tienen que ver con Internet, y debatir temas que no se han incluido en el mandato de ningún organismo existente;
c) facilitar la comunicación con las organizaciones intergubernamentales apropiadas y otras instituciones en temas de su competencia;
d) facilitar el intercambio de información y de prácticas idóneas, y en este sentido aprovechar plenamente las competencias de las comunidades académicas, científicas y técnicas;
e) aconsejar a todas las partes interesadas, sugiriendo soluciones y medios para que Internet sea disponible más rápidamente y esté al alcance de un mayor número de personas en los países en desarrollo;
f) consolidar y extender la participación de las partes interesadas en los mecanismos de Gobierno de Internet actuales o futuros, en particular los de países en desarrollo;
g) identificar problemas futuros, exponerlos ante los organismos competentes y formular recomendaciones;
h) contribuir a la creación de capacidad para el Gobierno de Internet en países en desarrollo, basándose íntegramente en el conocimiento y las competencias locales;
i) promover y asesorar permanentemente la materialización de los principios de la CMSI en los procesos de gobierno de Internet;
j) debatir temas relativos a los recursos críticos de Internet, entre otras cosas;
k) ayudar a encontrar soluciones a problemas que tienen que ver con la utilización correcta o incorrecta de Internet, que son de particular interés para los usuarios habituales;
l) publicar sus actas.
73 El Foro para el Gobierno de Internet, tanto en su funcionamiento como en sus funciones, ha de ser multilateral, democrático y transparente y dejar intervenir a las múltiples partes interesadas. En este sentido, el IGF propuesto podría:
a) beneficiarse de las actuales estructuras del Gobierno de Internet, haciendo especial hincapié en la participación complementaria entre todas las partes interesadas que participan en este proceso; es decir, las administraciones, las entidades empresariales, la sociedad civil y los organismos intergubernamentales;
b) constituirse como una estructura sencilla y descentralizada, que se sometería a un examen periódico;
c) reunirse periódicamente, según se requiera. En principio, las reuniones del IGF se podrían hacer coincidir con las conferencias pertinentes de las Naciones Unidas para, entre otras cosas, aprovechar el apoyo logístico.
74 Alentamos al Secretario General de las Naciones Unidas a que examine una gama de opciones para la celebración del foro, teniendo en cuenta las competencias demostradas de todas las partes interesadas en el Gobierno de Internet y la necesidad de asegurar su plena participación.
75 El Secretario General de las Naciones Unidas informaría a los Estados Miembros de las Naciones Unidas periódicamente sobre las actividades del foro.
76 Solicitamos al Secretario General de las Naciones Unidas que examine la conveniencia de que continúe el foro, en consulta formal con los participantes en el mismo, a los cinco años de su creación y que haga las recomendaciones pertinentes a este respecto a los Miembros de las Naciones Unidas.
77 El IGF no debería ejercer ninguna función de supervisión ni reemplazar a disposiciones como mecanismos, instituciones u organizaciones existentes, sino que debería contar con ellas y aprovechar sus competencias. Consistiría en un proceso neutral, no duplicatorio ni vinculante. No debería intervenir en el funcionamiento técnico o cotidiano de Internet.
78 El Secretario General de las Naciones Unidas debe extender invitaciones a todas las partes interesadas y pertinentes a participar en la reunión inaugural del IGF, teniendo en cuenta una representación geográfica equilibrada. El Secretario General de las Naciones Unidas también debe:
a) obtener los recursos apropiados de todas las partes interesadas, incluida la experiencia probada de la UIT, como se demostró durante el proceso de la CMSI; y
b) crear una oficina eficaz y rentable para soportar el IGF, asegurando la participación de las múltiples partes interesadas.
79 En otros foros pertinentes se seguirían tratando otros asuntos relativos al Gobierno de Internet.
80 Alentamos a emprender procesos multipartitos a nivel nacional, regional e internacional para debatir sobre la difusión de Internet como medio para propiciar el desarrollo y alcanzar los objetivos y las metas de desarrollo acordados internacionalmente, incluidos los Objetivos de Desarrollo del Milenio y para contribuir a este proceso.
81 Reafirmamos nuestro compromiso para dar aplicación integral a los principios de Ginebra.
82 Agradecemos la generosa oferta del Gobierno de Grecia que se ha ofrecido como anfitriona para la primera reunión del IGF en Atenas en 2006 y solicitamos al Secretario General de las Naciones Unidas que extienda la invitación a todas las partes interesadas y pertinentes para que participen en la reunión inaugural del IGF.
APLICACIÓN Y SEGUIMIENTO
83. La construcción de la sociedad de la información orientada al desarrollo integrador exigirá una labor infatigable por las distintas partes interesadas. Continuamos por tanto asumiendo nuestro firme compromiso de garantizar plenamente, a escala nacional, regional e internacional, la aplicación y el seguimiento ininterrumpidos de los resultados y compromisos alcanzados durante el proceso de la CMSI y sus fases de Ginebra y Túnez de la Cumbre. Habida cuenta de los numerosos aspectos que abarcará la construcción de la sociedad de la información, es esencial una colaboración eficaz entre los gobiernos, el sector privado, la sociedad civil y las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales, cada uno en función de sus distintos papeles y responsabilidades y con arreglo a sus experiencias.
84. Los gobiernos y otros interesados deberían identificar las esferas que necesitan más atención y nuevos recursos, e identificar conjuntamente y, según proceda, elaborar estrategias, mecanismos y procesos de aplicación de los resultados de la CMSI a escala internacional, regional, nacional y local, prestándose especial atención a las personas y grupos marginados en cuanto al acceso y la utilización de las TIC.
85. Teniendo en cuenta la función directriz de los gobiernos en asociación con otros interesados en lo tocante a la aplicación de los resultados de la CMSI, con inclusión del Plan de Acción de Ginebra, a escala nacional, alentamos a los gobiernos que aún no lo han hecho a elaborar, según proceda, ciberestrategias nacionales de gran alcance, previsoras y duraderas, incluidas estrategias de las TIC y ciberestrategias sectoriales, según convenga , como parte integrante de planes nacionales de desarrollo y estrategias destinadas a la reducción de la pobreza, lo antes posible y antes de 2010.
86. Apoyamos los intentos de integración regional e internacional destinados a crear una sociedad de la información centrada en las personas, integradora y orientada al desarrollo, y reiteramos que es indispensable establecer una estrecha cooperación entre las regiones para fomentar el intercambio de los conocimientos. La cooperación a escala regional debe contribuir al fomento de capacidades nacionales y a la formulación de estrategias de aplicación regional.
87. Afirmamos que el intercambio de opiniones y de prácticas y recursos eficaces es esencial para llevar a la práctica los resultados de la CMSI a escala regional e internacional. En interés de ello, debe hacerse todo lo posible para facilitar e intercambiar, entre todos los interesados, conocimientos y experiencias con respecto al diseño, la aplicación, el control y la evaluación de ciberestrategias y políticas, según corresponda. Reconocemos que la reducción de la pobreza, el fomento de la creación de capacidades nacionales y la promoción del desarrollo tecnológico nacional son elementos fundamentales para reducir la brecha digital de manera sostenible en los países en desarrollo.
88. Reafirmamos que, gracias a la cooperación internacional de los gobiernos y la colaboración de todas las partes interesadas, será posible encauzar las posibilidades que ofrecen las TIC como instrumento al servicio del desarrollo, con miras a fomentar el uso de la información y el conocimiento para alcanzar los objetivos y metas de desarrollo acordados a escala internacional, incluidos los Objetivos de Desarrollo del Milenio, así como establecer las prioridades de desarrollo nacional y local, continuando así la mejora del desarrollo socioeconómico de todos los seres humanos.
89. Estamos determinados a mejorar la conectividad a escala internacional, regional y nacional, y el acceso asequible a las TIC y a la información fomentando la cooperación internacional de todos los interesados de manera que se promueva el intercambio tecnológico y la transferencia de tecnología, el desarrollo y la capacitación de los recursos humanos, incrementando de esa forma la capacidad de los países en desarrollo para innovar y participar plenamente en la sociedad de la información, y aportar su contribución.
90. Reafirmamos nuestro compromiso de facilitar a todos un acceso equitativo a la información y los conocimientos, en reconocimiento de la función de las TIC para el crecimiento y el desarrollo económicos. Nos comprometemos a trabajar para alcanzar los objetivos indicativos establecidos en el Plan de Acción de Ginebra, que sirven de referencia mundial para mejorar la conectividad, el acceso universal, ubicuo, equitativo, no discriminatorio y asequible a las TIC, y su uso, habida cuenta de las distintas circunstancias nacionales, que deben lograrse antes de 2015, y a utilizar las TIC como herramienta para conseguir los objetivos de desarrollo acordados internacionalmente, incluidos los Objetivos de Desarrollo del Milenio mediante:
a) la integración y adaptación de ciberestrategias nacionales en los planes de acción locales, nacionales y regionales, según proceda, y de conformidad con las prioridades de desarrollo local y nacional, mediante la incorporación de medidas ajustadas a un marco temporal preciso;
b) la elaboración y ejecución de políticas habilitadoras que reflejen la realidad de los países y promuevan un entorno internacional propicio mediante la inversión extranjera directa así como la movilización de recursos internos, con miras a promover el espíritu empresarial, en particular de las pequeñas, medianas y microempresas, teniendo en cuenta el mercado pertinente y su contexto cultural. Estas políticas deberían materializarse en un marco de reglamentación transparente y equitativo con miras a crear un entorno propicio para promover esos objetivos y reforzar el desarrollo económico;
c) la creación de capacidades TIC para todos y la confianza en la utilización de las TIC por todos -incluidos los jóvenes, las personas mayores, las mujeres, las poblaciones autóctonas, las personas discapacitadas y las comunidades distantes y rurales- mediante la mejora y la aplicación de sistemas y programas de educación y capacitación que incorporen un aprendizaje a distancia a lo largo de toda la vida;
d) la promoción de la formación y la educación eficaces, en particular en los ámbitos de la ciencia y la tecnología en materia de las TIC, que motive y promueva la plena participación de las niñas y las mujeres en el proceso de toma de decisiones de la creación de la sociedad de la información;
e) la prestación de especial atención a la formulación de conceptos de diseño universales y a la utilización de tecnologías auxiliares que promuevan el acceso para todas las personas, incluidas las discapacitadas;
f) el fomento de políticas públicas encaminadas a proporcionar un acceso asequible en todos los ámbitos, incluido en el comunitario, a los equipos y programas informáticos, y a la conectividad, mediante un entorno tecnológico cada vez más convergente, el fomento de la capacidad y los contenidos locales;
g) un mayor acceso a los conocimientos en materia de salud en todo el mundo y a los servicios de telemedicina, sobre todo en esferas tales como la cooperación mundial en respuesta ante situaciones de emergencia, el establecimiento de una red entre los profesionales de la salud para contribuir a mejorar la calidad de vida y las condiciones medioambientales y el acceso a esta red;
h) la creación de capacidades TIC para mejorar el acceso a los servicios y redes postales, así como la utilización de los mismos;
i) la utilización de las TIC para mejorar el acceso a los conocimientos agrícolas, luchar contra la pobreza y apoyar la producción de contenido local en las zonas rurales y el acceso al mismo;
j) el desarrollo y la implementación de aplicaciones de cibergobierno basadas en normas abiertas, con vistas a fomentar el crecimiento y el interfuncionamiento de sistemas de cibergobierno en todos los ámbitos, para fomentar de ese modo el acceso a la información y los servicios del gobierno y contribuir a la creación de redes TIC y al desarrollo de servicios que estén a disposición en todo momento y en todo lugar, a todas las personas y a través de cualquier dispositivo;
k) el apoyo a las instituciones educativas, científicas y culturales, con inclusión de bibliotecas, archivos y museos, en su función de desarrollo y preservación de contenidos diversos y variados, así como de acceso equitativo, abierto y asequible a los mismos, incluido en formato digital, para promover la educación, la investigación y la innovación oficiales y oficiosas; y en particular el apoyo a las bibliotecas en su función de servicio público que suministra acceso libre y equitativo a la información y mejora la alfabetización en materia de las TIC y la conectividad de la comunidad, especialmente en las comunidades poco atendidas;
l) el fomento de la capacidad de las comunidades de todas las regiones para desarrollar contenidos en idiomas locales y/o indígenas;
m) el fomento de la creación de contenidos electrónicos de calidad, en los ámbitos nacional, regional e internacional;
n) la promoción del uso de medios de comunicación tradicionales y nuevos a fin de fomentar el acceso universal a la información, la cultura y el conocimiento en favor de todas las personas, sobre todo tratándose de las poblaciones vulnerables y de países en desarrollo, mediante la utilización, entre otras cosas, de la radio y la televisión como instrumentos educativos y de aprendizaje;
o) la reafirmación de la independencia, el pluralismo y la diversidad de los medios de comunicación y la libertad de información incluyendo, si ha lugar, el desarrollo de legislación nacional. Reiteramos nuestra solicitud de una utilización y tratamiento responsables de la información por los medios de comunicación de conformidad con las normas éticas y profesionales más elevadas. Reafirmamos la necesidad de reducir el desequilibrio internacional que afecta a los medios de comunicación, particularmente en lo referente a la infraestructura, recursos técnicos y desarrollo de capacidad humana. Estas reafirmaciones se realizan con referencia a la declaración de Principios de Ginebra, párrafos 55 a 59.
p) el impulso decidido para que las empresas y los empresarios de TIC creen y empleen procesos de producción ecológicos, a fin de reducir al mínimo los efectos adversos del uso y la fabricación de las TIC y la gestión de los residuos procedentes de las TIC en las personas y el medio ambiente. En este contexto, es importante prestar especial atención a las necesidades específicas de los países en desarrollo;
q) la incorporación de políticas y marcos normativos, autorreguladores y otros marcos y políticas eficaces destinados a proteger a los niños y a los jóvenes de situaciones de abuso y explotación gracias a las TIC en los planes de acción y ciberestrategias nacionales;
r) la promoción de la creación de redes de investigación avanzadas, en los ámbitos nacional, regional e internacional, con miras a mejorar la colaboración en la enseñanza científica, tecnológica y superior;
s) el fomento del servicio voluntario, en el contexto comunitario, destinado a maximizar las repercusiones de las TIC en el desarrollo;
t) la promoción del uso de las TIC encaminada a flexibilizar los métodos de trabajo, incluido el teletrabajo, los cuales fomentan la productividad y la creación de empleo.
91. Reconocemos la relación intrínseca que existe entre la reducción de catástrofes, el desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza, y que las catástrofes socavan gravemente las inversiones a muy corto plazo y siguen siendo un obstáculo para el desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza. Estamos convencidos de la importancia que tiene la función habilitadora de las TIC en los ámbitos nacional, regional e internacional, a saber:
a) la promoción de la cooperación técnica y el refuerzo de la capacidad de los países, especialmente los países en desarrollo, en cuanto a la utilización de instrumentos de las TIC para implantar sistemas de alerta temprana en caso de catástrofe y mecanismos de gestión y sistemas de comunicaciones ante emergencias, incluida la difusión de alertas comprensibles para los que se encuentran en peligro;
b) el impulso de la cooperación regional e internacional destinada a facilitar el intercambio de información relativa a la gestión de los casos de emergencia y el acceso a ella, y el estudio de distintos procedimientos encaminados a facilitar la participación de los países en desarrollo;
c) el rápido establecimiento de sistemas normalizados de vigilancia y alerta temprana en todo el mundo vinculados a redes nacionales y regionales, así como la facilitación de actividades de respuesta ante emergencias en todo el mundo, en particular en las regiones de alto riesgo.
92. Alentamos a los países y a todas las partes interesadas a poner a disposición líneas de ayuda a menores, teniendo en cuenta la necesidad de los recursos adecuados que han de movilizarse. Para ello, deberían reservarse números fáciles de recordar y accesibles gratuitamente desde cualquier teléfono.
93. Procuraremos digitalizar nuestros datos históricos y patrimonio cultural en beneficio de las generaciones futuras. Fomentamos la aplicación de políticas eficaces de gestión de la información en los sectores público y privado, incluido el uso de soluciones innovadoras y métodos de archivos digitales basados en normas para superar la obsolescencia tecnológica, como un medio para garantizar la preservación a largo plazo de la información y el acceso continuo a la misma.
94. Reconocemos que todo el mundo debería beneficiarse del potencial que ofrece la sociedad de la información. Por consiguiente, invitamos a los gobiernos a que, a título benévolo, presten asistencia a los países afectados por cualquier medida unilateral no conforme con el derecho internacional o con la Carta de las Naciones Unidas que impida la plena consecución del desarrollo económico y social de la población de los países afectados, y que menoscabe el bienestar de sus ciudadanos.
95. Instamos a que las organizaciones internacionales e intergubernamentales preparen, en el marco de los recursos aprobados, sus programas de análisis de políticas y de creación de capacidades basándose en experiencias prácticas y reproducibles en relación con las políticas, las acciones y los asuntos relativos a las TIC que han conducido al crecimiento económico y a la disminución de la pobreza, entre otras cosas, mediante la mejora de la competitividad de las empresas.
96. Recordamos la importancia de crear un entorno jurídico, reglamentario y político fiable, transparente y no discriminatorio. Para ello, reiteramos que la UIT y otras organizaciones regionales deberían adoptar medidas para asegurar la utilización racional, eficaz y económica del espectro de frecuencias radioeléctricas, así como el acceso equitativo al mismo por parte de todos los países, sobre la base de los acuerdos internacionales correspondientes.
97. Reconocemos que la participación de múltiples partes interesadas es fundamental para la construcción fructífera de una sociedad de la información centrada en las personas, integradora y orientada al desarrollo y que los gobiernos pueden desempeñar una función destacada en este proceso. Subrayamos que para que dicha construcción sea un éxito es indispensable la participación de todas las partes interesadas en la aplicación y el seguimiento de los resultados de la CMSI en los ámbitos nacional, regional e internacional, con el objetivo último de ayudar a los países a conseguir las metas y los objetivos de desarrollo acordados internacionalmente, incluidos los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
98. Impulsamos la cooperación reforzada e ininterrumpida entre las partes interesadas para garantizar la aplicación eficaz de las decisiones adoptadas en Ginebra y Túnez como, por ejemplo, mediante el fomento de alianzas nacionales, regionales e internacionales entre numerosas partes interesadas, en especial las asociaciones públicas-privadas, y el fomento de plataformas temáticas nacionales y regionales formadas por múltiples partes interesadas, en un esfuerzo común y un diálogo con los países en desarrollo y menos adelantados, los socios para el desarrollo y los agentes en el sector de las TIC. A este respecto expresamos nuestra satisfacción ante iniciativas como la de “Conectar el Mundo” dirigida por la UIT.
99. Acordamos garantizar la durabilidad de los progresos encaminados a alcanzar los objetivos de la CMSI una vez finalizada la fase de Túnez y decidimos, por ende, establecer un mecanismo de aplicación y seguimiento a escala nacional, regional e internacional.
100. En el plano nacional y de acuerdo con los resultados de la CMSI, alentamos a los gobiernos a crear, con la participación de todas las partes interesadas y teniendo en cuenta la importancia del entorno habilitador, un mecanismo nacional de implementación, en el cual:
a) las ciberestrategias nacionales, cuando corresponda, deben constituir parte integrante de los planes de desarrollo nacionales, incluyendo las estrategias de reducción de la pobreza, y apuntar a contribuir al logro de metas y objetivos de desarrollo internacionalmente acordados, incluidos los Objetivos de Desarrollo del Milenio;
b) las TIC deben incorporarse plenamente en las estrategias de Asistencia Oficial para el Desarrollo (AOD) a través de un intercambio de información y una coordinación más eficaces entre los socios para el desarrollo, y mediante el análisis y el intercambio de prácticas óptimas y enseñanzas extraídas de la experiencia adquirida con los programas de TIC para el desarrollo;
c) los programas de asistencia técnica, bilaterales y multilaterales en curso, incluidos los comprendidos en el Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo, deben usarse, cuando corresponda, para ayudar a los gobiernos en la implementación a escala nacional;
d) los Informes sobre la Evaluación Común para los Países deben contener un componente de TIC para el desarrollo.
101. A escala regional:
a) a petición de los gobiernos, las organizaciones regionales intergubernamentales deberían llevar a cabo, en colaboración con otras partes interesadas, actividades de implementación de la CMSI mediante el intercambio de información y prácticas óptimas a escala regional, así como contribuyendo a que se produzca un debate sobre las políticas de aplicación de las TIC al desarrollo, centrándose en el logro de las metas y los objetivos de desarrollo acordados internacionalmente, incluidos los Objetivos de Desarrollo del Milenio;
b) las Comisiones Regionales de las Naciones Unidas, actuando a petición de Estados Miembros y ciñéndose a los recursos presupuestarios aprobados, pueden organizar, en colaboración con organizaciones regionales y subregionales, actividades de seguimiento de la CMSI con la frecuencia que corresponda, así como facilitar a los Estados Miembros información técnica y de otra índole para la preparación de estrategias regionales y la aplicación de los resultados de las conferencias regionales;
c) consideramos esencial la adopción de un enfoque que integre múltiples interesados y la participación del sector privado, la sociedad civil, las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales en las actividades regionales de implementación de la CMSI.
102. A escala internacional, teniendo en cuenta la importancia del entorno habilitador:
a) la implementación y el seguimiento de los resultados de las fases de Ginebra y Túnez de la Cumbre deben tomar en consideración las líneas de acción y los temas principales de los documentos de la Cumbre;
b) cada organismo de las Naciones Unidas debería actuar según su mandato y sus competencias, y sobre la base de las decisiones de sus respectivos órganos de gobierno y en el marco de los recursos disponibles;
c) la aplicación y el seguimiento deberían incluir elementos intergubernamentales y de las distintas partes interesadas.
103. Invitamos a los organismos de las Naciones Unidas y a otros organismos intergubernamentales, ciñéndose a la Resolución 57/270 B de la Asamblea General de las Naciones Unidas, a facilitar actividades entre distintas partes interesadas, incluidos el sector empresarial y la sociedad civil, a fin de ayudar a los gobiernos en las tareas de implementación. Pedimos al Secretario General de las Naciones Unidas que cree, en el marco de la JJE, un grupo de las Naciones Unidas sobre la sociedad de la información, presidido por la UIT, integrado por los organismos y las organizaciones de las Naciones Unidas competentes, encargado de facilitar la aplicación, la evaluación y el seguimiento de la CMSI.
104. Pedimos además al Secretario General de las Naciones Unidas que presente por conducto del ECOSOC a la Asamblea General de las Naciones Unidas, y a más tardar en junio de 2006, un Informe sobre las modalidades de coordinación entre los organismos de las Naciones Unidas en cuanto a la aplicación de las decisiones de la CMSI, incluidas las recomendaciones relativas al proceso de seguimiento.
105. Pedimos al ECOSOC que supervise el seguimiento sistemático de los resultados obtenidos por la CMSI en Ginebra y Túnez. Para ello, solicitamos al ECOSOC que, en su periodo de sesiones sustantivo de 2006, examine el mandato, el orden del día y la composición de la CSTD, lo que incluye las consideraciones referentes al fortalecimiento de la Comisión y al enfoque multipartito.
106. La aplicación y el seguimiento de la CMSI deberían formar parte integrante del sistema de seguimiento global de las Naciones Unidas de las grandes conferencias de las Naciones Unidas y contribuir a alcanzar las metas y objetivos de desarrollo internacionalmente acordados, incluidos los Objetivos de Desarrollo del Milenio. No deber requerir la creación de nuevos organismos operativos.
107. Las organizaciones internacionales y regionales deben evaluar e informar periódicamente sobre el acceso universal de los países a las TIC, con objeto de crear oportunidades equitativas en favor del crecimiento de los sectores de las TIC de los países en desarrollo.
108. Concedemos gran importancia a la aplicación llevada a cabo por las distintas partes interesadas a escala internacional, que debería ser organizada con arreglo a las líneas de acción del Plan de Acción de Ginebra y estar moderada o facilitada, en su caso, por los organismos de las Naciones Unidas. En el Anexo a este documento se ofrece una lista indicativa y no completa de los facilitadores y moderadores de las líneas de acción del Plan de Acción de la CMSI.
109. La experiencia en las actividades de los organismos de las Naciones Unidas en el marco del proceso de la CMSI (principalmente la UIT, la UNESCO y el PNUD) deberían seguir utilizándose en el mayor grado posible. Estos tres organismos deberían desempeñar decisivas funciones facilitadoras para implementar el Plan de Acción y organizar una reunión de moderadores/facilitadores de las líneas de acción, como se menciona en el Anexo.
110. La coordinación de las actividades de implementación por las partes interesadas contribuiría a evitar la duplicación de actividades. Se coordinarían, entre otras cosas, el intercambio de información y prácticas idóneas, la creación de conocimientos y la asistencia en la creación de alianzas entre partes interesadas y los sectores público y privado.
111. Pedimos a la Asamblea General de las Naciones Unidas que realice un examen global de la aplicación de los resultados de la CMSI en 2015.
112. Solicitamos que se realicen evaluaciones periódicas, según una metodología acordada, como se describe en los párrafos 113-120.
113. Los indicadores y puntos de referencia apropiados, incluidos los indicadores de conectividad comunitaria, deberían mostrar claramente la magnitud de la brecha digital, en sus dimensiones tanto nacional como internacional, y mantenerla en evaluación periódica, con miras a medir los progresos logrados en la utilización de las TIC para alcanzar los objetivos de desarrollo internacionalmente acordados, incluidos los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
114. La creación de indicadores de las TIC es importante para medir la brecha digital. Observamos que, en junio de 2004, se inició la Alianza para medir las TIC para el Desarrollo, con los siguientes cometidos:
a) crear un conjunto común de indicadores fundamentales de las TIC; aumentar la disponibilidad de estadísticas de las TIC internacionalmente comparables [así como crear de común acuerdo un marco para su elaboración], para facilitar la coordinación y la toma de decisiones de la Comisión Estadística de las Naciones Unidas;
b) promover la creación de capacidades en los países en desarrollo para supervisar la sociedad de la información;
c) evaluar las repercusiones actuales y posibles de las TIC en el desarrollo y la reducción de la pobreza;
d) elaborar indicadores específicos desglosados por sexo que permitan medir la brecha digital en sus distintas vertientes.
115. Tomamos nota también de la creación del Índice de Oportunidades de las TIC y del Índice de Oportunidades Digitales, que se basarán en el conjunto común de indicadores fundamentales de las TIC como se definen en el marco de la Alianza para medir las TIC para el Desarrollo.
116. Subrayamos el hecho de que los índices e indicadores deben tener en cuenta los distintos niveles de desarrollo y las circunstancias de los países.
117. La creación de dichos indicadores debería llevarse a cabo manteniendo relaciones de colaboración, de manera rentable y sin duplicaciones.
118. Invitamos a la comunidad internacional a reforzar la capacidad estadística de los países en desarrollo ofreciendo respaldo adecuado en los ámbitos nacional y regional.
119. Nos comprometemos a revisar y efectuar el seguimiento de los avances encaminados a reducir la brecha digital, teniendo en cuenta los diferentes niveles de desarrollo entre los países, para alcanzar las metas y los objetivos de desarrollo acordados internacionalmente, incluidos los Objetivos de Desarrollo del Milenio, mediante la evaluación de la eficacia de las inversiones y de las actividades de cooperación internacionales con miras a la construcción de la sociedad de la información y la identificación de las brechas y carencias existentes en las estrategias de inversión y concepción destinadas a poner fin a ellas.
120. El intercambio de información relativa a la aplicación de los resultados de la CMSI es un importante elemento de evaluación. Acogemos con agrado el informe sobre la evaluación de las actividades relativas a la CMSI, un instrumento que será útil para ayudar en las actividades de seguimiento, con independencia de la conclusión de la fase de Túnez de la Cumbre, así como el “Libro de Oro” de las iniciativas lanzadas en la fase de Túnez. Alentamos a todas las partes interesadas de la CMSI a que sigan presentando información sobre sus actividades, para su inclusión en la base de datos pública sobre el inventario de la CMSI que mantiene la UIT. A este respecto, invitamos a todos los países a recopilar información a escala nacional con la participación de todas las partes interesadas, a fin de contribuir al ejercicio de inventario.
121. Es necesario contribuir a que se conozca mejor Internet para que se convierta en un recurso mundial verdaderamente accesible al público. Hacemos un llamamiento para que la AGNU declare el 17 de mayo Día Mundial de la Sociedad de la Información, que se celebrará anualmente y servirá para dar a conocer mejor la importancia que tiene este recurso mundial en las cuestiones que se tratan en la Cumbre, en especial, las posibilidades que pueden ofrecer las TIC a las sociedades y economías, y las diferentes formas de reducir la brecha digital.
122. Pedimos al Secretario General de la Cumbre que comunique sus conclusiones a la Asamblea General de las Naciones Unidas, de conformidad con lo dispuesto en la Resolución 59/220 de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

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